Esta semana se ha hecho público que la Confederación Hidrográfica del Segura ha terminado de realizar un censo de los pozos existentes en el acuífero del Campo de Cartagena, que es el que drena sus aguas cargadas de nitratos y otros compuestos a la laguna del Mar Menor. Anuncia también este organismo de cuenca del Segura, que en los próximos meses se crearán las Juntas de usuarios y demás para iniciar propuestas de gestión del acuífero.

Seguro que para muchas personas de buena fe esta noticia les ha parecido extraordinaria en su concepción y en su acepción. Lo entiendo. Piensan que hay que empezar por algo.

Pero, nadie recuerda que la Ley de Aguas de 1985, retocada mediante algunas modificaciones a lo largo de 39 años, nació de manera maravillosa. Es probablemente la mejor ley de aguas de este planeta. Pero, desgraciadamente nunca se ha puesto plenamente en marcha. Y es el Estado quien ha tenido la obligación de hacerlo.

Léanse solo los artículos 23, 24, 28, 31, 32, 33, 55, 56, 87, 90, 92, 92 bis y 94 de la citada Ley.

Es una breve lectura que aclarará las obligaciones y responsabilidades que ordena la Ley a los organismos de cuenca para su aplicación. De efectos importantísimos para todos los españoles, en especial para los que viven en la sequía permanente, como es el Sureste español.

Si el censo de pozos de extracción de agua se hubiese realizado de manera inmediata en 1985, no solo estaría ya realizado, sino que también podrían estar cada uno de los sondeos, monitorizados en tiempo real para controlar, los 86.400 segundos del día, una serie de parámetros como son: el nivel estático y dinámico, la conductividad del agua que indicará cualquier variación de su calidad, el contador de caudal, los volúmenes de agua extraídos y las coordenadas de los sensores. En definitiva, se conocerían todos los datos del cualquier sondeo en tiempo real durante los años que hubiesen estado instalados.

¿Existía tecnología suficiente desde 1985 para poder instalar esta tecnología? Doy fe de que sí. Mis compañeros y yo teníamos funcionando este sistema en dicha fecha en todos los sondeos que gestionábamos para abastecimiento de agua de Alicante y otras poblaciones. Bastaba con disponer de un centro de control telemático y sus correspondientes instalaciones telemáticas en los pozos.

Repasemos como es el mundo actual y comparémoslo con los organismos de cuenca, con las Confederaciones Hidrográficas. La mayoría de las grandes empresas, los Bancos, las empresas de energía, las plataformas de televisión, Movistar, Netflix y demás, disponen de sistemas de control que regulan nuestros datos de consumo, además nos proporcionan los servicios que requerimos, nos facturan y nos cobran. Y todo lo hacen con centros de control de datos adecuados al número de datos y al de clientes.

Al contrario, las Confederaciones no tienen controles telemáticos de ningún tipo. No es que no hayan evolucionado en su tecnología de controlar y de dar servicio, es que no han hecho prácticamente nada, excepto controlar la calidad de las aguas superficiales del río Segura con algunas estaciones de control. El resultado es que no controlan a las aguas subterráneas y los que desean construir o explotar de manera ilegal lo pueden hacer sin grandes problemas de que puedan ser controlados.

Es imposible gestionar millones de datos sin digitalizarlos. La Unión Europea ha querido ayudar a España a digitalizar el agua. Se ha dispuesto de 3.070 millones de euros. El reparto lo ha hecho el MITECO. Ha regado de dinero a muchas empresas de agua con un poco para cada una de ellas. Y solo ha entregado 225 millones para las nueve Confederaciones existentes en España. Con esto, no pueden más que adquirir algunos pocos elementos de los Sistemas de Control, pero nada más. Hubiese sido más eficiente que todo el dinero se hubiese repartido entre los organismos de cuenca. Y las empresas, que se lo hubieran pagado por sí mismas. Hay que tener claro siempre lo fundamental de lo que es accesorio.

En la lectura que les he pedido que hagan de algunos artículos de la Ley, podrán comprobar que es obligación de los organismos de cuenca de formar Juntas de Usuarios y de tomar las decisiones oportunas y necesarias para la defensa de la cantidad y de la calidad del agua de los acuíferos con carácter inmediato. No es de recibo esperar 39 años a hacerlo. ¿Quién paga todos los daños producidos a causa de esta inactividad de los organismos de cuenca?

Les pido, por favor, que entren en internet, busquen la ley de Aguas y lean los citados artículos. Creo que es mejor a que yo les transcriba el contenido de los mismos. No les llevará más de 5 minutos, pero se podrán crear una idea exacta y clara de la realidad de lo que ha pasado y de lo que está pasando con la gestión del agua en España.

Está muy claro que la aplicación justa y exacta de lo que dice la Ley de Aguas habría impedido la explotación abusiva del agua de los acuíferos, que hoy día están sobreexplotados, así como tampoco el deterioro de la calidad del agua subterránea de muchos de los acuíferos. Y por supuesto, la contaminación del agua del Mar Menor tampoco habría sucedido.